POLÍTICA NACIONAL: CONTINÚAN LAS TRABAS EN EL CASO GÜRTEL

La estrategia del PP en la Gürtel: torpedear a Pedreira para retrasar el proceso

El PP ha puesto todo tipo de palos en las ruedas del juez Antonio Pedreira en la investigación del caso Gürtel. Tantos, que el magistrado cree que las demoras, dilaciones, errores y excusas puestas por administraciones popularesa la hora de entregar la documentación requerida son “intencionadas”, recoge la revista Interviú. El ejemplo más flagrante es el de la Generalitat Valenciana, que ha tardado dos meses en entregar información supuestamente al alcance de cualquier ciudadano como la de la visita del Papa a Valencia en junio de 2006. “Hay ocasiones como esta en las que las fuentes abiertas se convierten en fuentes cerradas para nosotros”, han contado responsables policiales. Esos agentes han recordado que hicieron falta una orden judicial y un mes de gestiones para descubrir quiénes eran los patronos de la fundación que gestionó ese evento (V Encuentro Mundial de las Familias): Francisco Camps y Rita Barberá. La publicación citada cree que el PP quiere esperar a las elecciones y a un posible cambio de poder político para relajar la presión sobre el caso.

Según reseña Interviú, estas dilaciones no son casos aislados sino que más bien responden a una estrategia de defensa planeada desde la cúpula del PP y orquestada concretamente por el ex ministro de Defensa, Federico Trillo.

Trillo, el estratega
Trillo, ahora responsable de Justicia y de Libertades Públicas del PP, es quien supervisa la acusación popular ejercida por el PP en el caso Gürtel, una posición que el grupo ha aprovechado para torpedear la investigación con todo tipo de recursos: desde un intento de invalidación por errores procesales hasta autos insólitos contra el fiscal. Anticorrupción ha evidenciado lo inusual de que la acusación recurra autos que ni siquiera han impugnado las defensas de los principales imputados. Ajeno a estas críticas, el ex ministro ha continuado culpando al Ejecutivo de estar detrás de los informes policiales del caso, un extremo que Camps ha elevado al alza al sentenciar que se han “ocultado” pruebas que “demuestran” su inocencia.

Administraciones lentas
Así las cosas, el sumario de la Gürtel está plagado de menciones al “cumplimiento notable defectuoso” de varias administraciones públicas y empresas privadas sobre los requerimientos de documentación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De hecho, el temor a que los políticos imputados sustrajeran o modificaran datos del sumario ha sido uno de los principales argumentos para prolongar durante más de un año el secreto de sumario. “Resulta relevante que en algunas administraciones públicas requeridas siguen ocupando cargos personas que han intervenido en los expedientes de contratación solicitados”, recalca el magistrado en uno de sus autos.

Obstrucción eficaz
Pedreira enfatiza, además, en la capacidad de varios acusados para “obstruir el eficaz cumplimiento de las comisiones rogatorias. Las intervenciones telefónicas ponen de manifiesto unos contactos –directos o indirectos- con autoridades de países destinatarios de tales solicitudes (…). Del mismo modo que se revela un ejercicio de influencias para cuestiones locales, puede ejercerse la misma para impedir la debida cumplimentación del auxilio solicitado”. Cabe recordar que los continuos problemas con distintas administraciones hicieron que el TSJM solicitara la asistencia de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE). Esta dependencia se ha encargado de comprobar si los documentos han sido alterados. Las instituciones más problemáticas serían los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo.

Ayuntamientos y Comunidad de Madrid
Tal y como resume Interviú, el 22 de junio de 2009 Pedreira se cansó de trabas y firmó cuatro duros autos autorizando a la Policía a registrar las oficinas de los tres consistorios citados si estos no entregaban en ese mismo momento la documentación. El juez optó por esta vía tan radical tras esperar más de un mes a que las localidades y la Comunidad de Madrid entregaran unos expedientes incompletos. “No han facilitado la información interesada, se han remitido los expedientes incompletos y la reiteración de dicha conducta induce a considerar que es expresa e intencionada”, explicó el magistrado.

Trabajo difícil
Seis agentes de la Policía y un secretario judicial se presentaron en cada uno de los ayuntamientos afectados con esa orden y, en ese mismo instante, comenzaron a aparecer los documentos solicitados. El trabajo, eso sí, no fue fácil. “No bastaba con solicitar la información. Además, teníamos que ir personalmente con el funcionario encargado de ella, bajar con él al archivo y verle sacar el expediente, para garantizar que no sustraía nada”, han contado los expertos.

La Concejalía de Botella
En la mima línea, el 10 de marzo de 2010 dos agentes de la Policía entraron en las oficinas de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid con una orden de registro en mano, tras varios meses exigiendo información sobre un contrato de limpieza en el distrito de Moratalaz que habría reportado 1,2 millones de euros a Francisco Correa. Si en principio la funcionaria encargada desvió a los agentes a otras oficinas, cuando los policías habían llegado al destino indicado la misma funcionaria les llamó diciendo que acababa de encontrar la caja requerida. La concejala de esta área es Ana Botella, teniente de alcalde y esposa del ex presidente José María Aznar.

Baúles de documentos
Y si no es por defecto, es por exceso. La Junta de Castilla y León, cuyo ex consejero de Fomento José Manuel Fernández Santiago habría cobrado comisiones por adjudicar obras, envió “baúles llenos de papeles. Baúles. Yo cuando los vi, no me lo creía. Mandaron mucha más documentación de la que solicitamos ya hora nos tocará a nosotros revisarla entera, y eso nos retrasa todavía más”, cuentan los policías.

Jugando a alargar el caso
Con todos estos datos, Interviú concluye que la estrategia defensiva del PP pasa por esperar a las elecciones y dilatar el proceso lo máximo posible. Incluso, hay confianza en que un cambio en el poder central relaje la presión sobre los imputados. Fuentes conocedoras del caso han confesado que los abogados están recomendando a los defendidos alargar sus comparecencias al máximo. El Ministerio del Interior ha recordado que las Fuerzas de Seguridad son independientes del poder político.