Próximamente se celebrará un juicio contra el juez Baltasar Garzón por haber asumido la investigación de los crímenes del franquismo. Garzón, que es reconocido internacionalmente por haber investigado los crímenes contra la humanidad cometidos en las dictaduras chilena y argentina, será juzgado por una querella presentada contra él, y admitida por el Tribunal Supremo en mayo de 2009, por varias organizaciones de la ultraderecha, cuyos nombres, por cierto, nada parecen tener que ver con la realidad.
A priori ya el asunto parece surrealista. El juez que se declara competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, que fueron muchos y muy graves, será juzgado por ello, lo cuenten como lo cuenten. Y esas investigaciones no sólo no se han efectuado a nivel judicial, sino que el juez ha sido inhabilitado de su cargo y ha tenido que salir de España. Quien lo entienda, que lo explique, porque, a todas luces y valga la redundancia, el asunto es de “juzgado de guardia”.Parece que existen sectores en este país que ponen mucho empeño en que no se lleven a cabo esas investigaciones. Y, lo que es peor, lo consiguen; lo cual resulta inasumible en una democracia. Si la justicia es justa, en este caso, al menos, parece no serlo. Ignoro realmente los motivos de los miembros de la judicatura española y de los mecanismos judiciales implicados en unas actuaciones que buena parte del país interpretamos como un atroz disparate. Ignoro la ideología política que profesan, e ignoro si esa ideología mediatiza o no sus actuaciones profesionales, aunque, por las evidencias, no parece difícil intuirlo.
Pues bien, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado permiso al Tribunal Supremo para que el juicio que se celebrará contra el juez español de mayor prestigio internacional sea retransmitido en directo. Apela, para ello, al interés público, tanto nacional como internacional, que suscita, al derecho de la opinión pública al acceso a los procesos judiciales, así como a la transparencia democrática a la que están obligados los poderes del Estado.
Mayor coherencia, imposible. Efectivamente, existen amplios sectores de la sociedad interesados en este proceso, y los españoles tenemos ese derecho a ser testigos de un juicio que todos esperamos sea justo. Se trata de interés ante un pasado que nos concierne a todos; se trata de obligación democrática ante miles de familias que continúan esperando poder recuperar y enterrar a sus seres queridos, de consolidar la democracia en España y de asentar una cultura democrática que algunos se empeñan en ignorar y despreciar.
No se trata de volver al pasado, sino de asumirlo. No se trata de vengar nada, sino de reparar daños y heridas. No se trata de enfrentar a nadie, sino de, en el reconocimiento de unas vergüenzas pasadas, llegar al consenso de que esas vergüenzas han sido reconocidas, redimidas y superadas en vista a un futuro democrático común y plural. Por todo ello los españoles formamos todos parte implicada en ese juicio que, repito, esperamos que sea público y justo.
Aunque, en cualquier caso, el juicio objetivo de la historia será el que, tarde o temprano, tenga finalmente el veredicto cabal, sensato e imparcial de esto que está pasando; y será finalmente la mirada objetiva de la historia la que juzgará a esa justicia española que sienta en el banquillo a Garzón.
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