POLÍTICA NACIONAL: LA FISCALÍA EN CONTRA DE LOS ULTRADERECHISTAS

La Fiscalía niega "legitimidad procesal" a Manos Limpias y Falange para sentar a Garzón en el banquillo

Los colectivos ultraderechistas (Manos Limpias, Libertad e Identidad y la Falange) que han presentado la querella contra Baltasar por su investigación de los crímenes del franquismo no tienen por sí solos capacidad para sentar en el banquillo al juez. Así lo sostiene la Fiscalía que ha hecho públicos esta mañana sus argumentos en contra de la apertura del juicio oral. Asimismo recuerda al instructor de la causa, Luciano Varela, que él mismo en otro caso diferente, pidió que se aplicara la doctrina Atuxa al reclamar su archivo argumentando que la acusación popular, si no hay además una petición fiscal o una acusación particular, carece de "legitimación procesal".

Según asegura la SER, en su escrito, la Fiscalía señala que la acusación popular "no puede buscarse, ni encontrarse en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal a la hora de ejercer la trascendente función de promover la acción de la justicia". Dada la ausencia de una acusación particular y la oposición del Fiscal el juez debería haber archivado el caso.

Doctrina Botín
El propio Tribunal Supremo, en una sentencia del 18 de febrero de 2008, estableció la doctrina Botín en la que ahora se ampara la Fiscalía. Básicamente se resume en que si el fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación popular, no se puede abrir juicio oral, lo que eximió al presidente del Banco de Santander de sentarse en el banquillo. Posteriormente vino la sentencia del caso Atutxa, donde también se personaba Manos Limpias. En esta ocasión, el Supremo reinterpretó su propia doctrina asegurando que en aquellos casos donde no hay un perjudicado concreto, sí se puede abrir juicio oral. Sin embargo, Varela estuvo en contra y emitió un voto particular.La sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Cambio de criterio
En este sentido, el escrito recuerda a Varela que cómo se opuso a sentar en el banquillo al entonces presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, acusado también por Manos Limpias de un presunto delito de desobediencia por no disolver a la formación política ilegalizada Sozialista Abertzaleak.

¿Mayores facultades? No
Además, la Fiscalía señala que, dado que la acción popular "persigue simplemente la protección de un interés social, legítimo, sí, pero también difuso", no puede merecer la consideración de derecho fundamental. Opinar lo contrario, concluye, "sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales".